Gobernanza ambiental

F. Peña, J. Pincheira, D. Rozas, E. Fernández y F. Ramírez

(Decreto 47 del año 1992, OGUC). La OT se concibe como una función inherente del Estado, cuyo propósito debe considerar como elemento central definir y ejecutar políticas tendientes a promover el bien común y la protección del ambiente, por sobre intereses particulares. Para abordar esta tarea, en los últimos años se han elaborado una serie de iniciativas en pro de contribuir a un proceso más democrático en la toma de decisiones, entre estas, impulsar la OT a través de políticas e instrumentos normativos, que además sean legítimos para la ciudadanía y que se apliquen pertinentemente en función de la diversidad de paisajes y contextos geográficos en el extenso territorio de Chile (Massiris, 2002; Andrade et al. , 2010; Gómez y Gómez, 2013). En este marco, la descentralización del poder es un proceso que puede minimizar los desequilibrios territoriales, impulsar el desa rrollo económico y fomentar la organización de una sociedad más democrática (Jaramillo, 2012). Todo esto, en la línea de las reco mendaciones emitidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2015) desde que Chile es miembro (a partir del año 2010). La descentralización implica la transferencia de la responsabilidad de la planificación, la gestión, la recaudación y la asignación de recursos desde el gobierno central y sus agencias hacia las unidades regionales de los ministerios o agencias del gobierno central (Rondinelli y Nellis, 1986). Sin embargo, es importante notar que la descentralización por sí misma no confiere ninguna ventaja en la gestión de una determinada política pública (e.g., educación), sino que esto más bien corresponde a la planificación, eficiencia e implementación de tal proceso (Jaramillo, 2012). Algunas de las iniciativas que se han orientado a la descentra lización del ordenamiento territorial en Chile comienzan en el año 1991, con la oficialización de la creación de los Gobiernos Regionales (GORE) mediante la Ley Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional (Ley 19.175, del año 1992, LOCGAR), la cual representa un hito significativo con el otorgamiento de com petencias en OT a los GORE en su territorio. Casi veinte años más tarde, en el año 2010, el ingreso de Chile a la OCDE plantea una

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