Gobernanza ambiental

Claudia Mercado Cerroni y Félix Rojo Mendoza

conjunto, tanto de la institución como de la ciudadanía, que resulta difícil cuando: la cultura organizacional al interior de las institu ciones tiende a menospreciar la importancia de la participación de los ciudadanos (y muchas veces a supravalorar la de los expertos); y cuando la ciudadanía adopta un rol pasivo, en términos de auto formación y participación, pues la experiencia le ha señalado que su incidencia en la toma de decisiones es baja o nula. Al mismo tiempo, la ley entrega pocas garantías de incidencia ciudadana sobre el establecimiento de agenda al interior de los municipios, que resultaría más propia de un modelo bottom-up (o menos jerárquicos, a lo menos). Aquí quisiéramos además incorporar la siguiente idea, que emana más bien de la observación correspondiente al trabajo en terreno: un modelo de participación responsable debe mostrar efi ciencia, es decir, debe ser capaz de optimizar el uso de la informa ción y las instancias disponibles. La correcta sistematización y uso de los datos facilita la tarea, reduce los costos y evita la sobrecarga de eventos, como «instancias de diagnóstico», por ejemplo, que tienen su origen en instituciones públicas, universidades, centros de investigación, etcétera, en forma paralela muchas veces. Este tipo de acciones de distintos organismos va contribuyendo al desgaste de una sociedad civil, que, además de las dificultades ya descritas, ve sus posibilidades de cooperación diezmadas (sobre todo en las comunas más vulnerables) por su participación en el mercado laboral o las responsabilidades familiares. Con todo, el Estado chileno aún tiene una deuda en materia de descentralización con miras a la promoción de un desarrollo terri torial más armónico. Los municipios chilenos actualmente son la institución más cercana a la ciudadanía y, por tanto, se constituyen como un contenedor para múltiples demandas de diversa índole, sobre las cuales muchas veces no tiene las atribuciones necesarias para la toma de decisiones, y en muchos casos, además, con un pre supuesto muy limitado para hacer frente a las que sí le corresponden por mandato. La tarea se dificulta aún más cuando, poniéndolo en términos de Mayntz (2005), la raíz de los problemas territoriales se

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