Gobernanza ambiental

Gobernanza ambiental

sistema de evaluación ambiental (SEA) y se discute su aprobación o rechazo. Esta situación es aún más grave al momento de analizar la participación que la ciudadanía tiene respecto a las decisiones que afectan directamente el patrimonio ambiental de su territorio; esta solo se remite a opinar, llenar un acta de participación en un taller o bien depositar su opinión en un buzón que pocas veces se revisa. Los desafios que debemos plantearnos como sociedad van más allá de observar cómo se gestionan y explotan los recursos natu rales desde el nivel central –control territorial a distancia– siendo necesario avanzar hacia una horizaontalidad ambiental, donde la gobernanza juega un rol fundamental. Si bien existe una constitución que rige y establece el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación 2 , es necesario proponer acciones que vayan más allá y que permitan reconocer que existe la capacidad para tomar decisiones colectivas entre el Estado, la institucionalidad y quienes habitan el territorio. Este libro busca contribuir a una reflexión inicial respecto a la situación socioambiental de La Araucanía y, desde aquí, promover una discusión al resto del país. Tiene como propósito cruzar esa línea tan propia de las ciencias ambientales que con legítima aspi ración en la década de los sesenta y setenta propuso avanzar hacia un conocimiento científico y sistemático de los recursos naturales –basado en mediciones de parámetros físico-químico-biológicos– para situar la discusión precisamente en aquellos «nudos» que surgen, producto de una gestión ambiental excesivamente vertical. En este contexto, resulta clave dejar de observar la naturaleza de forma despolitizada –fuera de la sociedad– para avanzar hacia una perspectiva politizada, donde los diferentes actores sociales dirimen y acuerdan el uso y acceso a la misma, situación que precisamente la «revolución de la ciudadanía» que a fines del 2019 se manifiesta en Chile busca cambiar.

2 Ver artículo 19, Nº 8. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de conta minación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

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