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disidencias sexuales, personas en situación de discapacidad, etc. Complementando esta observación con métodos eficientes y eficaces que posean un financiamiento presupuestario previamente establecido y coincidentes con objetivos estratégicos a nivel nacional, regional y local, los cuáles promuevan mediante canales comunicacionales información determinante de intereses y la atención que toman los ciudadanos en la forma y perspectiva de abordar algún problema o asunto de carácter público. (Oficina del Alto Comisionado, Naciones Unidas, 2012) Otra forma de plantear este concepto, es en función de tipos de participación ciudadana los cuales pueden verse inmersos en dos dimensiones: A) En primer lugar, la participación no institucional se aleja de la tramitación e instancias estatales, ahondando en la esfera social, cuyo reflejo yace en manifestaciones, peticiones y propuestas, en donde, actores y organizaciones de la sociedad civil movilizan aquellos interesados en el propósito de esta materialización de forma de intervención. B) Por otra parte, la participación institucionalizada hace referencia al uso de facultades legales políticas, en el que se encuentra una base electoral que da cuenta de la elección periódica de autoridades y también de un cimiento social o extra electoral que permanece en la internalización de la ciudadanía en el proceso de tomas de decisiones en las instituciones públicas que opten por una colaboración democrática. (Montecinos & Contreras, 2019) Por ende, este suceso democrático institucional sustentado y considerado como un derecho inalienable por parte de un organismo internacional con influencia a nivel mundial por la cantidad de naciones que participan de manera constante, articula la fluctuación de opiniones y pensamientos relativos a la gestión pública por parte de la ciudadanía y habitantes de un territorio con el gobierno político de turno y funcionarios públicos pertenecientes a las distintas instituciones públicas. Dentro de los cuáles para efectos de este estudio están bajo el marco jurisdiccional de la Ley N°20.500 que regula el asociativismo y participación ciudadana de las instituciones y municipios de Chile haciendo de indicación una participación institucional. Continuando con la premisa definida anteriormente como, la participación ciudadana institucional va más allá del margen y estándar electoral proporcionado a ciudadanos de un territorio en un período de tiempo establecido. Es propicio, definir el escenario concurrido mayoritariamente por la participación, el gobierno local y su territorio determinado. Para (Gayán, 2010), específica que el área de involucramiento en donde surgen las bases estructurales para conseguir participación, es el ámbito territorial local y su organización administrativa existente, en este caso, debido a la directa relación que poseen ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil con el espacio geográfico donde convergen estos actores, es posible estimar que una profundización democrática se acentúa por la 2.3.1.1 Participación ciudadana a nivel local

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