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la competitividad e impulsar el crecimiento de la economía, por una parte, y la

oferta de trabajo proveniente de las economías menos desarrolladas o que se

encuentran en condiciones de mayor pobreza, por la otra, parecieran ser dos

partes de una ecuación que debería resolverse sin mayor conflicto. Sin

embargo, las progresivas restricciones al ingreso de inmigrantes (Pizarro,

n.d.), la discriminación en las sociedades de llegada y las dificultades que

enfrentan para ejercer sus derechos son elementos que obstaculizan el

desarrollo de esta relación en condiciones de mayor fluidez.

Un segundo tema relevante, que se ha analizado siempre desde una

perspectiva estructural, se refiere a la forma en que las crecientes

desigualdades y asimetrías de la economía mundial conducen a la provisión

permanente de mano de obra dispuesta a trabajar por un salario mínimo y de

manera más precaria (Sassen , 2003). Además, la misma autora Sassen, hace

hincapié en la idea que los movimientos migratorios se ajustan a los requisitos

de la nueva economía global que, entre otras cosas, demanda trabajo flexible

para extraer su fuerza productiva sin que ello implique asegurar la dignidad en

la reproducción de los trabajadores.

En el año 2003, en el informe de migración internacional de Adela Pellegrino,

expresa la interpretación negativa de los altos costos sociales y económicos

que significa la fuga de cerebros (brain drain) para los países emisores ha

dado paso a una visión más positiva, según la cual los inmigrantes pueden

convertirse en una especie de puente para el traspaso de tecnología desde el

mundo desarrollado hacia las economías menos desarrollada (Pellegrino,

2003). Aunque igualmente subsisten evidencias de las pérdidas que supone

el éxodo de intelectuales y existe preocupación ante el reclutamiento de

personas calificadas de países del tercer mundo por parte de las grandes

empresas del mundo desarrollado (GCIM, 2005).