Gobernanza ambiental

Andrés Muñoz-Pedreros

2% de la superficie de Chile continental (Jorquera-Jaramillo et al. , 2012). Pero según declara el MMA en su portal web, «si bien el artículo 35 de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente reconoce el término de área silvestre protegida privada, hasta la fecha el país carece de definiciones operativas básicas, están dares y procedimientos administrativos que establezcan qué criterios y condiciones deben cumplir estas iniciativas para ser reconocidas oficialmente por el Estado de Chile». Otro vacío y descoordinación, ya que la cooperación público-privada en conservación adquiere relevancia para contrarrestar la fragmentación y mejorar la conec tividad entre las áreas silvestres protegidas (Squeo et al. , 2012). El Estado las reconoce como Iniciativas de Conservación Privada (ICP) y al 2017 son 232 con 1.255.341 ha. De ellas, el 40% se superpone territorialmente con sitios identificados como prioritarios de con servación de biodiversidad. Para incentivar la conservación privada, en 2016 se promulgó la Ley Nº 20.930 que establece el Derecho Real de Conservación, mecanismo voluntario en que el propietario de un área natural conserva el capital natural de su predio, o ciertos atributos o funciones de este, sin perder la propiedad del terreno, formalizándose como un acuerdo entre privados. Se constituye de forma libre y voluntaria por el propietario del predio en beneficio de una persona natural o jurídica determinada. No implica la compra o expropiación de una propiedad, sino tan solo la firma de un con trato en que se establecen ciertas restricciones al uso que aseguran la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados, y entrega un grado de formalización a las iniciativas de conservación privada. Sin embargo, se debe tener extremo cuidado con distorsiones como el acaparamiento verde (véase más adelante). La organización Ciencia Ciudadana se creó en Chile en 2015 y declara que «la ciencia ciudadana involucra al público general en actividades científicas, y fomenta la contribución activa de los ciudadanos a la investigación a través de su esfuerzo intelectual, su conocimiento general, o sus herramientas y recursos. Como resultado de este escenario abierto, en red y transdisciplinar, se produce una mejora en las interacciones ciencia-sociedad-política que conduce

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