Gobernanza ambiental

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de este concepto se lo incorporó a la planificación de los territorios, considerando los modelos de desarrollo sostenible, basados en los estipulados de la Comisión Brundtland (1987): «aquel desarrollo que permite satisfacer nuestras necesidades actuales, sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades» en sus tres dimensiones: social, ambiental y económica (Nijkamp et al. , 1990). En este contexto, desde los años noventa y producto del tipo de desarrollo económico globalizado, los temas sociales y ambientales fueron dimensiones relevantes al momento de pensar la planificación de un territorio. Es así como se refuerzan las formas de planificar basadas principalmente en el desarrollo sostenible , concepto insta lado en la línea desarrollista que quedó plasmado en la forma de ordenar y planificar el territorio, basada en los principios de Liepzig (Estrategia Regional Europea), los cuales son orientadores en las prácticas actuales de planificación europea. Estos se basan en una planificación de características incrementalistas, a partir de un pensa miento estratégico, pero que, sin embargo, en su práctica priorizan la perspectiva política y económica (Benavent, 2014). Prácticas que en la actualidad se replican en Latinoamérica y especialmente en Chile a partir de su participación en la ONU y la firma de convenios con la Unión Europea (UE), lo cual se ha convertido en un proceso fun cional basado en compromisos internacionales adquiridos a través de convenciones y acuerdos multilaterales, que se ha operativizado en un marco institucional, normativo y legislativo. La temática de desarrollo sostenible aparece con fuerza en la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, donde se plantearon sus tres pilares: la preservación del me dio ambiente, el progreso económico y la justicia social, desde una perspectiva conciliadora que sugería el equilibrio de los tres (ONU, 1992). Recientemente se ha incorporado a estos pilares la noción de gobernanza desde una perspectiva descentralizadora que promueve la participación ciudadana (Torres y Torres, 2017). La complejidad de esta propuesta radica en el desbalance de sus pilares al momento de su aplicación, ya que el progreso económico se inserta directamente

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