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como derecho social, tal como lo fuera en el período comprendido entre 1970-1973
durante el gobierno de la Unidad Popular (Hidalgo et al., 2016).
En el marco de estas reestructuraciones estatales, los programas de relocalización
significaron
el traslado de los asentamientos legales e ilegales hacia las periferias
de la ciudad. Al respecto, Brites (2010) afirma sobre las consecuencias de la
relocalización y las despreocupaciones del Estado a las poblaciones que traslada
hacia la periferia. A través de esta práctica, el Estado acompaña el proceso de
relocalización con la construcción de un plano ideológico de discursos legitimadores.
“En este sentido, la mecánica coercitiva de las relocalizaciones fue teñida
discursivamente (desde el poder político de turno) por una visión “eufemística”: el
desarraigo y el traslado fueron presentados ante la so ciedad en términos de “beneficio
y progreso”, debiéndose sacrificar las voluntades de los sectores afectados”. (Brites,
2010:223)
Asimismo, en torno al problema de segregación, es importante fijar la atención sobre
las particulares territorialidades que allí se desarrollan, dado que, en un sentido
residencial, la segregación estará definida en términos generales por el grado de
aglomeración territorial de un grupo social. Y, en un sentido específico, la segregación
residencial se plantea en tres dimensiones; como la concentración de grupos sociales
en áreas de la ciudad; con barrios socialmente homogéneos; y, a partir de la
percepción subjetiva que los residentes hacen del espacio y el barrio (Sabatini et. al.
2001) Cabe reconocer que, “las identidades terr itoriales nacen, se crean y se
transforman en fuente de poder y control cultural cuando los territorios que las cobijan
son capaces, por su porosidad, de alimentar y ensanchar el campo de lo posible.”
(Márquez, 2013:123). De igual manera, Brian et. al (2010). señalan que los
pobladores evitarían la experiencia de gueto que le ofrecen las planificaciones de
vivienda social, esto debido a su estigmatización que posee frente a su nivel elevado
de homogeneidad social, la cual contrae problemas como delincuencia, narcotráfico,
embarazo adolescente, precarización de servicios básicos. En este sentido, la
relocalización de la población pobre en zonas periféricas ha implicado la pérdida del
derecho al espacio urbano” (Brites, 2010), cristalizado en la formación de u na ciudad
fraccionada que relega a los habitantes relocalizados a los márgenes de la misma,
sin garantizar acceso a bienes y servicios.
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